Agencia de Prensa Canadá-América Latina (APCAL)
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L’histoire d’un complot – Le cas du maire Gustavo Petro
The story of a conspiracy – The case of Mayor Gustavo Petro
Agencia de Prensa Canadá-América Latina (APCAL)
Ciudad de Montreal (Québec) Canadá, 3 de marzo de 2014
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El pasado 28 de febrero, el Alcalde Gustavo Petro, convocó a los ciudadanos a reunirse en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, para hacer un llamado a votar “No” a la revocatoria de su mandato.
Sectores opositores a su mandato iniciaron un proceso de revocatoria que lleva más de 4 meses y que ha sumido a la cuidad de Bogotá en una clara división entre partidarios del actual Alcalde Petro y los oponentes, con el agravante de la intervención del máximo órgano de control del poder público, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordoñez. Este último, tildado, entre otros, por varios estamentos y personalidades de la rama judicial y fiscal de este país, como un sectario, dogmático, aliado a las élites ultraconservadoras y derechistas colombianas, especialmente representadas por el ex-presidente Uribe Vélez y su entonces compañero de fórmula vicepresidencial, Francisco Santos.
También se suma la intervención de la Registraduría nacional del Estado Civil, que, en el mes de diciembre del 2013, en tiempo récord, subsanó todos los vicios que se habían presentado en el proceso de recolección de firmas, resolvió los recursos legales interpuestos por la Alcaldía para frenar la revocatoria y fijó la fecha de votación de los bogotanos el 02 marzo de 2014.
En el mismo mes, el 16 de diciembre, el Procurador Ordoñez, emitió el fallo de destitución inmediata y de inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos, contra Gustavo Petro. Obedecía el procurador a la solicitud de investigación presentada por los empresarios privados, vulnerados con la decisión del Alcalde Petro de cambiar el esquema de recolección de basuras de la ciudad de Bogotá, para hacerlo un tanto más público, y no solo privado como hasta entonces. Igualmente, el Procurador basó su fallo en testimonios de concejales de la ciudad, hoy investigados e incursos en procesos penales por corrupción, como el Concejal Orlando Parada.
Inmediatamente la Registraduría suspende el proceso de Revocatoria, dando por hecho que el fallo del procurador quedaría en firme, sin dar tiempos a la respuesta de apelación a otras instancias jurídicas o el mismo desenvolvimiento de los hechos.
Tanto la oposición como los defensores de Petro se han visto desde entonces envueltos en una guerra jurídica en la que el Alcalde ha obtenido varias victorias, entre ellas numerosas tutelas y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que determinó que lo actuado por Petro en el cambio del esquema de basuras estaba ajustado a la Ley y a la Constitución colombianas.
Cuando esto ocurre, la Registraduría Nacional, en tiempo récord, vuelve a activar el proceso de Revocatoria sin esperar la respuesta de las otras instancias judiciales que debían pronunciarse o el desarrollo de los hechos. Pasados unos días, y en vista de que las encuestas de opinión de la mayoría de los medios de comunicación sobre el “Si” o “No” a la revocatoria, otorgaban un triunfo estruendoso al Alcalde Petro, la Registraduría, de manera arbitraria, cambia la fecha de los escrutinios de la revocatoria para el 06 de abril, con el argumento de que no había dinero para realizarla en la fecha anterior, el 02 de marzo. Realmente la decisión obedeció al lobby hecho por los candidatos de los partidos tradicionales, muchos oponentes a Petro, que podían ver lesionados sus resultados políticos en las elecciones al Congreso del 03 de marzo, con una Revocatoria a favor de Petro en el día anterior.
Sin embargo, el fallo, emitido el 25 de febrero pasado por el Consejo de Estado, restituye la decisión de destitución e inhabilitación de la Procuraduría sobre el Alcalde Petro, pero paradójicamente no por considerar irregular la actuación administrativa del Alcalde, sino por un procedimiento de orden jurídico, ya que en concepto del Consejo de Estado para congelar la sanción interpuesta en su contra por la Procuraduría no es viable el mecanismo de Tutela.
Para los entendidos en materia judicial en Colombia, la interpretación jurídica que hizo el Consejo de Estado es relativa, y obedece al parecer, según varias informaciones aparecidas en los medios de comunicación, a la influencia ejercida por el Procurador en algunos de los miembros de esta corte, que tiene familiares empleados en este organismo de control y que no quisieron verlos comprometidos en una persecución o una destitución por parte del Procurador Ordoñez, y por eso fallaron en este sentido.
Asi las cosas, hoy el Alcalde Gustavo Petro se encuentra frente a un fallo de la Procuraduría que lo destituye y lo inhabilita por 15 años, y a un proceso de revocatoria acomodado a los intereses de la parte opositora y sin reales garantías de imparcialidad, como el mismo lo ha expresado en su discurso de la Plaza de Bolívar el pasado viernes, del cual extraemos el siguiente aparte:
"Porque Colombia no es un país si no un latifundio, donde los saqueadores nos convirtieron peor que esclavos, donde los mínimos derecho son vulnerados de forma absurda, y no les interesa ni la educación ni la salud. Pero está claro que las cortes las vamos a ocupar los honestos, los cargos públicos la gente que realmente ama a nuestro país y será un país mucho mejor por la decencia."
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Agence de Presse Canada-Amérique latine (APCAL)
Ville de Montréal (Québec) Canada, le 3 mars 2014
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L’histoire d’un complot – Le cas du maire Gustavo Petro
Le 28 février dernier, Gustavo Petro, maire de Bogotá, Colombie, a convoqué une assemblée de citoyens sur la Place de Bolivar de cette ville, capitale de la Colombie, pour lancer un appel à voter «Non!» à la révocation de son mandat.
Depuis 4 mois, les secteurs opposés à son mandat mènent un processus visant sa révocation, plongeant la ville de Bogotá dans une division claire entre les partisans du maire sortant, Gustavo Petro, et ses opposants.
La situation s’est aggravée avec l'intervention de l’organe supérieur de contrôle de gouvernement, le Bureau du procureur général, dirigé par Alejandro Ordoñez. Ce dernier est considéré par plusieurs organismes et personnalités de la magistrature et des enquêtes de ce pays, comme étant, entre autres, sectaire et dogmatique, et l’allié des élites ultra-conservatrices et de droite de la Colombie, notamment représentés par l'ex-président Alvaro Uribe Vélez et son partenaire présidentiel d’alors, l’ex-vice-président Francisco Santos.
De plus, en décembre 2013, le Bureau national du registre civil, qui intervient dans les élections, a déclaré qu’il avait, en un temps record, corrigé toutes les irrégularités qui avaient apparu dans le processus de collecte de signatures, répondu à tous les recours juridiques interposés par le bureau du maire pour freiner la révocation et fixé la date du vote des citoyens de Bogotá au 2 mars 2014.
Le même mois, le 16 décembre, le procureur Ordoñez a rendu la décision de destituer immédiatement Gustavo Petro et de lui interdire pendant 15 ans l’accès à tout poste dans la fonction publique. Le procureur obéissait ainsi à la demande d'enquête faite par des entrepreneurs privés, lésés par la décision du maire Petro, qui avait rendu un peu plus public le système de collecte des ordures de Bogota en le confiant au secteur public et à certaines entreprises privées. De plus, le procureur a fondé sa décision sur le témoignage de conseillers municipaux qui, aujourd'hui, sont l’objet d’une enquête criminelle et de poursuites pour corruption, tel que le conseiller municipal Orlando Parada.
Immédiatement alors, le Bureau national du registre civil suspend le processus de révocation de Petro, comme si la décision du procureur était un fait accompli, ne donnant pas ainsi, à d'autres instances juridiques, le temps de prendre une décision sur le recours en appel de Petro ou aux événements de se dérouler.
Depuis, autant l'opposition que les défenseurs du maire Petro sont engagés dans une guerre juridique, au cours de laquelle ce dernier a obtenu plusieurs victoires, entre autres de nombreuses mises en tutelle et le jugement du Tribunal administratif de Cundinamarca, qui a déterminé que Petro, en ce qui concerne le changement du mode de gestion du système de collecte d’ordures, a agi selon les lois et la Constitution de la Colombie.
Mais, quand cela se produit, le Bureau national du registre civil, en un temps record, redémarre le processus de révocation, sans attendre la réponse des autres instances judiciaires qui devaient se prononcer ou le déroulement des événements. Quelques jours plus tard, alors que les sondages d'opinion sur le «Oui» ou le «Non» relativement au rappel, effectués par la plupart des médias, accordent au maire Petro un triomphe éclatant, le Bureau national du registre civil change arbitrairement la date du vote sur la révocation pour le 6 avril, sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent pour le réaliser à la date fixée, soit le 2 mars. En vérité, cette décision était due aux pressions exercées par les candidats des partis traditionnels, dont un grand nombre étaient des opposants à Petro, étant donné que leurs résultats politiques lors des élections législatives du 3 mars auraient été compromis par un vote majoritaire en faveur de Petro la veille.
Mais le 25 février dernier, le Conseil d'État a rendu son jugement rétablissant la décision prise par le Bureau du procureur de destituer et d’interdire le maire Petro, mais, paradoxalement, ce n’est pas à cause d’une irrégularité administrative commise par le maire, mais en raison d’un problème de procédure juridique, puisque, selon le Conseil d'État, le mécanisme de mise en tutelle ne peut être utilisé pour bloquer une décision portée contre lui par le Bureau du procureur.
Ceux qui connaissent le système judiciaire colombien se rendent compte que le Conseil d’État a donné une interprétation juridique relative, qui, comme le mentionnent plusieurs médias, semble plutôt due à l’influence exercée par le Procureur sur certains membres de ce tribunal, ayant des membres de leur famille à l’emploi du Bureau du procureur, et qui ne veulent pas que ces derniers soient impliqués dans une poursuite ou renvoyés par le procureur Ordoñez, raison pour laquelle ils n’ont pas voté dans ce sens.
C’est ainsi qu’aujourd'hui le maire Gustavo Petro se trouve devant une décision du Bureau du procureur qui le destitue et l’empêche, pour une période de 15 ans, d’occuper un poste public, et devant un procès de révocation servant les intérêts de la partie adverse, sans véritable garantie d'impartialité, comme il l’a déclaré lui-même lors de son discours à la Plaza de Bolivar, vendredi 28 dernier, dont voici un extrait :
«Parce que la Colombie n'est pas un pays mais un grand latifundium (*), où les pillards nous ont transformés en des êtres pire que les esclaves, où ils ont violé nos droits les plus élémentaires à un degré absurde, alors qu’ils ne se préoccupent nullement ni par l'éducation ni par la santé. Mais ce qui est clair c’est que ce serons nous, les personnes honnêtes, qui occuperons les postes publics, nous, les personnes qui aimons vraiment notre pays, et que le pays sera bien meilleur pays en raison de la décence.»
(*) En Amérique latine, très grande extension des terres privées, cultivées avec des techniques primitives par les travailleurs vivant en semi-servage
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Agence de presse Canada-Amérique latine (APCAL)
Montreal (Quebec) Canada, March 3, 2014
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The story of a conspiracy – The case of Mayor Gustavo Petro
On February 28, Gustavo Petro, Mayor of Bogotá, Colombia, called a meeting of citizens on the Bolivar Square of the city, capital of Colombia, asking people to vote "No" to the termination of his mandate.
For the last four months, sectors opposed to his mandate are trying to carry out a process aiming at his revocation, plunging the city of Bogotá in a clear division between supporters of the incumbent mayor, Gustavo Petro, and his opponents.
The situation has worsened with the intervention of the higher supervisory body of Government, the Attorney General's Office, headed by Alejandro Ordoñez. The latter is considered by many organizations and members of the judiciary and investigating bodies of the country, as being, among other characteristics, sectarian and dogmatic, and an ally of the ultra-conservative and right-wing elites of Colombia, especially represented by former President Alvaro Uribe Velez, and his presidential partner of that period, former Vice-President Francisco Santos.
In addition, in December 2013, the National Civil Registry Office, which intervenes in the elections, declared it had corrected, in record time, all the irregularities that had appeared in the process of collecting signatures, answered to all the legal appeals opposed by the Mayor’s Office to block the approval for the revocation, and to establishing the voting date of the citizens of Bogota on March 2, 2014.
In the same month, on December 16, Attorney General Ordoñez emited the decision to remove immediately Gustavo Petro and to forbid him, for 15 years, to hold any public service position. In doing so, the Attorney General was in fact obeyed the demand for an investigation made by private contractors, who had been affected by the decision taken by Mayor Petro, to make a little bit more public the system of garbage collection in Bogota, giving it to the public sector management and to a few private companies. In addition, the Attorney General's decision was based on the testimony of councillors who are today the subject of a criminal investigation and of prosecution for corruption, such as Councilman Orlando Parada.
Immediately, the National Civil Registry Office suspended Petro’s revocation process, as if the Attorney General's decision was already a “fait accompli”, not giving way, thus, to other legal proceedings, the time to take a decision on an appeal procedure made by Petro or to events to unfold.
Since then, the opposition as well as the defenders of Mayor Petro are engaged in a legal battle, during which he has obtained several victories, including many guardianship procedures and the judgment of the Administrative Tribunal of Cundinamarca, which determined that Petro, on the question of the change in the administration of the system of garbage collection, had acted according to the Laws and to the Constitution of Colombia.
But when this happened, the National Office of Civil Registry, in record time, restarted the revocation process, without waiting for the answer of the other judiciary institutions that were going to pronounce their decision or without waiting for the unfolding of events. A few days later, while the opinion polls on the "Yes" or "No" vote on the recall made by most of the media were announcing a resounding triumph for Mayor Petro, the National Civil Registry Office changed arbitrarily the date of the vote on the revocation to April 6, under the pretext that there was no money to organize the elections on March 2. As a matter of fact, this decision was made under the pressure exerted by the candidates of the traditional parties, many of whom were Petro’s opponents, because their political results in the parliamentary elections of March 3 would have been compromised by a majority vote in favor of Petro the day before.
But on February 25, the State Council issued its judgment reinstating the decision taken by the Attorney General’s Office to remove and prohibit Mayor Petro, but, paradoxically, this is not due to administrative irregularities committed by the Mayor, but it is rather to a problem of legal proceedings, since, according to the State Council, the mechanism for guardianship cannot be used to block a decision taken against it by the Attorney General’s Office.
Those who know the Colombian judicial system can easily realize that the State Council gave a legal interpretation that was relative, which, as several media mentioned, seems due rather to the influence exerted by the Attorney General on some members of the court, who have members of their families employed by the Attorney General's Office, and who do not want that they be involved in a lawsuit or fired by Attorney General Ordoñez, which is the reason why they did not vote in that way.
This is why, today, Mayor Gustavo Petro is faced with a decision made by the Attorney General's Office that revokes him and prevents him, for a period of 15 years, to hold public office, and to a trial for revocation which serve the interests of the other party, without any real guarantee of impartiality, as Petro himself declared during his speech at the Plaza de Bolivar, on Friday 28, in which he said:
"Because Colombia is not a country but a large latifundium (*), where looters have turned us into creatures that are worse than slaves, where they have raped our most basic rights to an absurd degree, looters that have no concern neither for education nor for health. But what is clear is that we, the honest people, will be the ones who will hold public offices, we, people who really love our country, and thus this will be a much better country because of decency.”
(*) A latifundium, in Latin America, is a very large extension of privately owned land, cultivated with primitive techniques by workers living in semi-serfdom.
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